El pasado 30 de mayo quedó aprobada la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley General Tributaria, cuyo nuevo texto recoge las siguientes medidas principales:

• Adaptación al texto constitucional.
• Armonización de las reformas sufridas en su redacción desde su aprobación en el año 1963.
• Incorporación de los principios del Estatuto del Contribuyentes plasmados en la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes.
• Introducción de las nuevas tecnologías aplicables en la gestión tributaria.
• Coordinación de todos los procedimientos tributarios: gestión, inspección, recaudación, régimen sancionador y revisión.

Especial atención debemos prestar a las siguientes novedades:

Se amplia el plazo para recurrir de quince días a un mes.

Se agiliza la resolución de las reclamaciones con la creación de órganos unipersonales en los Tribunales Económico-Administrativos.

Se califican todas las consultas tributarias escritas como vinculantes para la Administración, y se establece un criterio único para la Administración Tributaria.

Se revisan los criterios de reducción de las sanciones por conformidad del contribuyente aplicando una reducción del 30 % para el caso de conformidad con la propuesta de regularización, reducción del 25 % en las sanciones abonadas en periodo voluntario sin recurso contra la sanción ni la liquidación y reducción del 50 % en las nuevas actas con acuerdo, siempre que no se impugne la liquidación ni la sanción en vía contencioso-administrativa y se ingrese antes de la finalización del periodo voluntario si se ha aportado aval o certificado de seguro de caución.

Se fija una nueva clasificación de las infracciones según el grado de culpabilidad que concurra en la conducta del presunto infractor, de modo que la infracción será grave si ha existido ocultación, se han utilizado facturas falsas o existen anomalías contables que no superen una determinada proporción (sanción del 50 al 100%), muy grave si se han utilizado medios fraudulentos (sanción del 100 al 150%) y leves en ausencia de ambas circunstancias (sanción del 50%).

Se crea una nueva sanción por resistencia, negativa u obstrucción a las actuaciones de la Administración Tributaria.

Se incluye la regulación de los nuevos procedimientos de gestión como la presentación de autoliquidaciones, las comunicaciones de datos, las devoluciones, las verificaciones de datos o paralelas y las comprobaciones limitadas.

Se regula el cumplimiento de las obligaciones tributarias por medios telemáticos.

Se crea la figura del conflicto en la aplicación de la norma tributaria, estableciéndose que las liquidaciones que se practiquen por la utilización de esta figura no llevan aparejada sanción.

Se crean nuevos supuestos de responsabilidad (sucesión en la actividad, administradores de hecho y contratos y subcontratos de obras o servicios).

El Tribunal Superior de Justicia estima el recurso y anula las multas impuestas a la entidad por la presentación fuera de plazo de las declaraciones trimestrales de IVA, ya que debe calificarse como infracción tributaria la falta de presentación de declaraciones, pero no el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones o deberes formales o de colaboración, que constituye únicamente un criterio de graduación de la sanción de otras infracciones.

Están exentas del IRPF las indemnizaciones por despido o cese de l trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que puedan considerarse como tales las establecidas por dicha normativa para la extinción de los contratos de trabajo temporal, ya que en tal caso lo que se produce es la extinción del contrato por expiración del tiempo convenido o por finalización de la obra o servicio.

El TSJ estima parcialmente el recurso interpuesto y determina el archivo de un expediente sancionador por haberse producido el fallecimiento del sancionado, al considerar que, a diferencia de la responsabilidad exigida a personas jurídicas, cuando se trata de personas físicas se aplica el principio de personalidad de la pena que impide asimilar la sanción a una deuda civil, con independencia de que haya recaído o no resolución sancionadora firme, ya que esta circunstancia no desvirtúa su naturaleza punitiva.